La FDA y el auge del personal genomics

La Food and Drug Administration (FDA) norteamericana conmina a 23andMe a dejar de comercializar sus tests hasta que supere sus pruebas para dispositivos diagnósticos. 23andMe es la empresa que ejemplifica el…

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Heredar una vivienda en Madrid será un 90% más barato

A cualquiera que herede a partir de ahora una vivienda en la ciudad de Madrid le costará un 90% menos cumplir con los impuestos correspondientes. 
El Ayuntamiento de la capital ha aprobado una rebaja de la plusvalía municipal que, en conjunto, permitirá a los contribuyentes ahorrarse 43 millones de euros al año.
Así, por ejemplo, para un inmueble con un valor catastral de 90.000 euros a la que se aplica actualmente un gravámen de 4.698 euros, la cuota se reducirá a 469 euros. Sin requisitos de ningún tipo.
Desde 2012 se aplicaban bonificaciones del 50% a las transmisiones ‘mortis causa’ de la vivienda habitual del fallecido pero sólo si el heredero había convivido con el finado durante los 2 últimos años y permanecía empadronado en esa casa al menos un lustro (5 años) más. En los locales con actividad económica, se debía mantener la misma durante 5 años para poder optar al descuento.
Estos condicionantes desaparecen ahora y a cambio se aplicará un generalizado 90% de descuento en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, como técnicamente se conoce a la plusvalía municipal.
Se materializa así el alivio para el bolsillo del contribuyente que ya anunció la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el pasado mes de septiembre y que también incluirá una rebaja del 12% en la Tasa de Basuras durante este año, un 10% en el Impuesto de Circulación en 2015 y un 5% en el IBI en 2016.
Así lo ha detallado este jueves el portavoz del Ayuntamiento de la capital, Enrique Núñez, que también ha anunciado la aprobación definitiva de las ordenanzas de Dinamizaicón de las Actividades Comerciales y de la Protección de la Salubridad Pública sin que apenas hayan experimentado modificaciones tras el periodo de alegaciones.

Un proyecto que limita el acceso de los trabajadores a la justicia

Foto: Europapress.

José Antonio Lucena Moreno plantea en este artículo que el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita transforma lo que es un derecho constitucional en un verdadero impuesto de naturaleza fiscal y, al trabajador, en un sujeto pasivo del citado impuesto.

José A. Lucena MorenoAbogado Laboralista de UGT MADRID.nuevatribuna.es | 23 Abril 2014 -
EL art. 24 de nuestra Carta Magna, consagra el derecho a la tutela judicial efectiva en un plano de igualdad de acceso, sin diferencias en relación a la condición de la persona, incluyendo fundamentalmente en este caso, la capacidad económica del ciudadano, lo cual vienen apoyado en el art. 119 del mismo texto legal, que en definitiva el es el que sustenta la gratuidad en el acceso a la justicia de los trabajadores y los sindicatos.
En este sentido, hay que recordar que un acuerdo en pleno no jurisdiccional de la sala IV del Tribunal Supremo, de 5 de Junio de 2013, eximió a los trabajadores y/o beneficiarios de la seguridad social, así como el funcionario o personal estatutario de cualquier género, de tasas para el acceso tanto a los tribunales de instancia como a los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, incluso frente a las acciones vivas interpuestas con anterioridad a la aplicación del Real Decreto 3/2013.
Centrándonos en lo que es la clase social y sindical en nuestro país, es un derecho constitucional que de forma pacífica ha venido siendo disfrutado no solo desde la implantación de nuestra Carta Magna, sino en periodos previos a la misma donde las antiguas Magistraturas de Trabajo han tutelado el libre acceso de los trabajadores a la administración de justicia en el orden social.
Al presenciar que el Tribunal Supremo condicionó su ley de tasas de 2012, Don A. R. Gallardón ha presentado un nuevo proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, en la que modifica la ley de 1996 (una de las leyes que esgrimió el Supremo para evitar las tasas en la jurisdicción social), y ello con el fin que los trabajadores tengan que pagar tasas para recurrir ante la 2ª instancia.
En concreto mediante el art. 2,4 del proyecto, donde establece que “en el orden social, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para 1ª instancia sin necesidad de acreditar previamente carecer de recursos a los trabajadores y beneficiarios del sistema de la seguridad social”. El articulo obvia clara y deliberadamente las 2ª instancias.
Eso implicaría un paso atrás y una vuelta al escenario planteado por la ley de 10/ 2012 en el orden social, puesto que la tasa venía establecida para la interposición del recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia (500 euros) y la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo (750 euros) , lo cual volvería a mermar de forma clara el libre acceso a la justicia en el Orden Social y a todas sus instancias que constituyen dicho orden jurisdiccional, respecto del colectivo de trabajadores y las organizaciones sindicales.
Una vez más serían las clases menos favorecidas, entre las cuales obviamente esta la clase trabajadora, las que padecerían y soportarían la imposición de un nuevo tributo o impuesto sobre el acceso a la justicia, especialmente en el Orden Social. Esto no deja de ser paradigmático, puesto que desde el año 2009 con la aparición de los efectos de la gran crisis económica a nivel mundial el incremento de la conflictividad y del ejercicio de acciones desarrolladas en el Orden jurisdiccional Social se ha visto implementado a un 300%.
Lo citado anteriormente, unido a una administración de justicia que no acaba de adaptarse a las nuevas realidades sociales y de ofertar una justicia acorde con las necesidades que el Siglo XXI, demanda el que revierten en la clase obrera, por un lado, en una limitación evidente del acceso a la misma y por otro lado cuando dicho acceso se produce a la obtención de una justicia que está infectada de defectos que arrastra casi de forma histórica y sobre los cuales no se les oferta una clara solución.
Por el contrario, todos los esfuerzos vienen dirigidos a una nueva vuelta de tuerca que transforma, lo que es un derecho constitucional, en un verdadero impuesto de naturaleza fiscal y, al trabajador, en un sujeto pasivo del citado impuesto.
La ley de Justicia gratuita aquí.

Nuevo grupo de Baloncesto y salidas periódicas de runners

Mientras el grupo de runners de Butarque sigue sumando integrantes y kilómetros en sus piernas, se está intentando la creación de un nuevo grupo de aficionados al baloncesto para jugar en las canchas que hay en el barrio. Nuevo grupo para jugar a Baloncesto Hemos pensado en incrementar la oferta deportiva y organizar un grupo de aficionados en la práctica del baloncesto. Si estás interesado en formar parte de esta actividad, escribe un correo a avib.butarque gmail.com para formar el grupo (…)

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BUTARQUE

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Proporcionalidad y retroactividad de la nueva cuantía alimenticia incrementada por la Audiencia

TS Sala Primera, de lo Civil, 28-3-2014
La sentencia recurrida elevó en apelación a 2.500 euros la cuantía de la pensión alimenticia que la instancia fijó en 1.500 euros mensuales a cargo del padre.
Se plantea si es correcta la aplicación de la regla de proporcionalidad del art. 146 CC y señala el Tribunal Supremo que la sentencia motiva adecuadamente las cantidades que establece como alimentos y explica de forma clara el cálculo de los mismos, al tiempo que contiene una lista de gastos a los que acompañan las correspondientes valoraciones.

Conviene destacar 2 puntos importantes:
1. Acuerda la retroacción de los efectos de la nueva cuantía incrementada por la Audiencia a la fecha en la que se dictó la sentencia de primera instancia, en aplicación del art. 148 CC, sin que fuera solicitado por el apelante.
2. Reitera la jurisprudencia de la Sala Primera, en relación con el juicio de proporcionalidad del art. 146 CC, que corresponde a los Tribunales que resuelven las instancias sin que deba entrar el Tribunal Supremo, salvo que se hubiera vulnerado o no se haya razonado lógicamente.

Parejas de hecho, ¿qué pasa cuando rompen?

I
Para dar por finalizada una unión de hecho, basta con separarse o darse de baja en el registro, pero si hay hijos, bienes comunes o reclamaciones, la ruptura se complica.

Cuando se acaba el amor o la convivencia se hace insoportable, lo mejor es separarse. En el caso de los matrimonios, lo habitual es encontrar por delante un camino legal más o menos largo. En el de las parejas de hecho, las cosas son muy parecidas. Lejos de lo que podría suponerse, debido a la ausencia de “papeles”, cuando hay hijos, si se tienen bienes en común o uno de los miembros reclama derechos al otro, la ruptura es casi igual a la de un matrimonio. A continuación se explica qué sucede cuando se rompe una unión de hecho y cómo actuar.

Como todas las parejas, las uniones de hecho también se rompen. Y aunque la idea generalizada es que no habrá que realizar ningún trámite para separarse, no siempre es tan sencillo. Muchas parejas descubren lo “casadas que están” en el momento de decirse adiós. Por ello, conviene saber qué sucede en caso de tener hijos en común o bienes compartidos, ya que la separación puede complicarse, en especial si uno de los miembros de la pareja se siente agraviado por el otro. 

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