La FDA y el auge del personal genomics

La Food and Drug Administration (FDA) norteamericana conmina a 23andMe a dejar de comercializar sus tests hasta que supere sus pruebas para dispositivos diagnósticos. 23andMe es la empresa que ejemplifica el…

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Tras el divorcio quiero ser diputado

El diputado de IU, Gaspar Llamazares (d), conversa con el portavoz parlamentario de ICV, Joan Coscubiela (i). EFE El Congreso se deja 1 millón y medio de euros en ADSL para las casas de los diputados
Uno de los flancos por los que más a menudo se atacan a los diputados es el de las vacaciones. El actual reglamento que rige en las Cortes españolas señala que un diputado raso podrá gozar de unas vacaciones deseadas por el resto de los mortales: una Semana Santa de 18 días, navidades de más de mes y medio y un verano como el de los estudiantes. Los meses de julio y agosto son inhábiles para la actividad parlamentaria, según la Constitución, así que los debates y el trabajo en comisión se reducirán a la mínima expresión. Pero eso no significa que no trabajen. O eso esperamos. Porque, ¿para qué sirve entonces el millón y medio de euros de dinero público que el Congreso invierte para que sus señorías tengan ADSL en casa?

Así lo recogió ayer el BOE al referirse a la licitación del contrato de telefonía fija, móvil y otros servicios del Congreso de los Diputados para algo más de 2 años por un precio máximo de 1,5 millones de euros.  Así, el precio máximo sobre el que las empresas deberán presentar ofertas a la baja es de 624.360 euros al año, según ha publicado el portal elboenuestrodecadadia.
El contrato incluye tarifa plana fija, telefonía móvil, datos y el ADSL en los domicilios de los 350 diputados, un servicio que ya estaba incluido en el contrato en vigor, adjudicado a Telefónica en abril de 2012.

Obviamente no todo son routers de fibra óptica, ya que por muy buenos que sean, cada diputado tendría que colocar una veintena en sus aposentos. El apartado de la telefonía móvil incluye la adquisición de 650 terminales de dos tipos: 425 del perfil 1, con llamadas y datos ilimitados tanto en España como el exterior; y 225 del perfil 2, con limitación en el número de minutos y datos que se consuman en el extranjero.
Detrás del perfil 1 se encuentran los iPhone 4 o el 4S, los preferidos por sus señorías. No hay más que dejarse caer un día por la carrera de San Jerónimo para darse cuenta de que las blackberrys apenas se ven en el hemiciclo desde 2011.
Y tras el perfil 2, smartphones de un escalón inferior. A saber Samsung Galaxy, o parecidos.
El contrato es por 2 años, así que en 2016 los terminales quedan automáticamente liberados con independencia de su uso futuro.
A esto hay que sumar los iPads de los que ya disponen los diputados y que, en más de 30 casos, tuvieron que ser repuestos por hurtos, roturas o pérdidas . La lista de oficial de manazas no se hará pública aunque sí que trascendió que uno de ellos es Jorge Fernández Díaz. El Ministro de Interior protagonizó en su día una polémica al perder su ‘tablet’ en el AVE Madrid-Sevilla cuando ésta contenía información sensible sobre la banda terrorista ETA.

Todos contra la nueva ley de Justicia Gratuita de Gallardón

La abogacía se mueve para defender tu justicia.

Martín L. Aleñar Feliu23.07.2014 | El jueves 24 de julio de 2014 los 83 colegios de abogados de España nos concentramos en Madrid para exigir la retirada del actual proyecto de ley de justicia gratuita que se encuentra en trámite parlamentario y que, de salir adelante en sus actuales términos, va a suponer un serio retroceso en el Estado de Derecho y la aparición de nuevas trabas en el acceso a la justicia de los ciudadanos españoles.
¿Saben los ciudadanos que el servicio de orientación jurídica, es decir aquel al que se acude únicamente para recibir información, saber si se tiene o no derecho a la justicia gratuita y, en su caso, conocer la documentación que se debe aportar, va a dejar de ser gratuito? Posiblemente no, pero nosotros se lo contamos: la previsión del Gobierno es crear una tasa por la utilización de este servicio que sólo se recuperará en el caso de que el justiciable vea finalmente reconocido su derecho a la justicia gratuita, cuando todos sabemos que no serán pocas las personas que no podrán ni siquiera afrontar el pago de esa tasa y, en consecuencia, tampoco optar a la defensa de sus derechos por un abogado de oficio.
La reforma del sistema de justicia gratuita que propugna el Gobierno traspasa las líneas rojas del derecho de defensa. Aunque se diga que se han elevado los umbrales de acceso para poder obtener el beneficio, lo cierto es que en muchos casos, como es el de las personas solteras, viudas o separadas que formen unidades familiares de una sola persona, la realidad es bien distinta. Las trabas de acceso a la justicia gratuita se multiplican también en un proyecto que considera sospechoso de abusar del sistema a quien solicite el beneficio 3 veces en un mismo año, o que obliga a quien desee recurrir una decisión judicial a personarse ante el secretario judicial para volver a demostrar que sigue siendo usuario de la justicia gratuita y ratificar su voluntad de recurso.
El proyecto aumenta la burocracia y, con ello, la posibilidad de que se ralentice el reconocimiento del beneficio; olvida la gratuidad de algunas prestaciones básicas; crea desigualdades; menosprecia la labor de los abogados y no garantiza la financiación pública del sistema.
España puede presumir de un modelo de justicia gratuita que es alabado por buena parte de los países de nuestro entorno. Sin embargo, y aun cuando el nº de personas que acceden a este sistema crece año tas año, la realidad es que la inversión en justicia gratuita viene disminuyendo desde el año 2010. Y es también real que mantener un sistema que funciona de forma eficaz gracias al esfuerzo y al trabajo que realizan más de 42.500 abogados 24 horas al día, 365 días al año cuesta a los ciudadanos menos de 5 euros al año. ¿Para qué, entonces, cambiarlo a peor?
Es posible que se nos acuse de corporativismo. Quizá porque también pedimos que la remuneración que perciben los abogados de oficio por un trabajo de valor incalculable se mueva en términos de dignidad. Pero eso no es más que una aspiración legítima de los profesionales que se vuelcan en la defensa de las personas y de los colectivos más vulnerables.
No. Definitivamente no nos mueven razones corporativas. Nos mueve el único animo de exigir a igualdad de todos ante la justicia. Nos mueve la necesidad de defender tu justicia.